En caso de ser aprobada por el Parlamento de Israel (Knéset), esta iniciativa daría al Gobierno la autoridad exclusiva para modificar o derogar leyes sin tener que pasar por la Corte Suprema. Según los detractores del proyecto, esto podría dar lugar a la aprobación por parte del Parlamento de leyes potencialmente inconstitucionales.
Los manifestantes acusan al primer ministro del país, Benjamín Netanyahu, de intentar usurpar el poder. Según explicó uno de los activistas, la Corte Suprema es el único organismo capaz de detener los reglamentos y leyes impulsados por el político con el fin de convertir Israel en lo que definió como el "Estado de Netanyahu".