La querella será presentada por un presunto delito de prevaricación supuestamente cometido al impedir el juez la participación del diputado independentista Jordi Sànchez en su debate de investidura, previsto inicialmente para este viernes 13.

Sànchez se encuentra en prisión preventiva desde el pasado mes de octubre en el marco de una investigación sobre el proceso de independencia en Cataluña, donde está procesado como presunto responsable de un delito de rebelión.

El juez Llarena denegó por segunda vez la salida de Sànchez de prisión para participar en el pleno de investidura, lo que es una condición necesaria para que el proceso tenga validez.

Del mismo modo, negó la posibilidad de que éste pueda solicitar la confianza de la cámara y participar en el debate previo a la votación de manera telemática.

Según la opinión del magistrado, la concesión de cualquier permiso para la participación del candidato en el proceso de investidura conlleva un "riesgo de reiteración delictiva" que las instancias judiciales no pueden permitir.

En su petición, Sànchez recordó que el Comité de Derechos Humanos de la ONU se pronunció sobre su caso instando a España a garantizar que pueda ejercer sus derechos políticos.

Sin embargo, el magistrado considera que ese llamamiento no implica que las instituciones españolas deban renunciar a "evaluar si el completo disfrute de los derechos políticos resulta acorde con el principio de que la representación ciudadana se ejerza de forma constitucionalmente adecuada".

Sputnik

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