Mientras que Colombia trata de cerrar medio siglo de guerra con la ya exinsurgencia de las FARC, Ecuador se estrena en el narcoterrorismo. En menos de tres meses, el país latinoamericano ha sufrido el asesinato de cuatro militares, medio centenar de heridos y el secuestro de tres civiles por la extensión del posconflicto colombiano que no conoce fronteras. 

El sobresalto de ocho ataques en la zona fronteriza con coches bomba y explosiones en bases del Ejército y de la Policía ha atravesado a las fuerzas de seguridad y al Gobierno ecuatoriano como una sacudida eléctrica de realidad. Tras una década de convivencia y discursos de paz entre ambos países, Ecuador se prepara para un escenario militar desconocido: la guerra de guerrillas que los grupos armados ilegales practican para asegurarse el negocio del narcotráfico, el contrabando y la explotación ilegal de recursos en los dos territorios.

Aunque para las autoridades el recrudecimiento de la violencia en el lado ecuatoriano sea un nuevo problema de índole nacional, para los militares experimentados es más bien la “crónica de un conflicto muy anunciado”. El general retirado del Ejército ecuatoriano Paco Moncayo lleva años dibujando el problemático panorama con mapas, movimientos de bandas y lucrativos negocios ilegales en la selvática provincia de Esmeraldas, que linda al norte con el departamento colombiano de Nariño.

Desde hace medio siglo, la cartografía del Estado colombiano se ha delimitado según las zonas que ocupaban las guerrillas, los paramilitares y las bandas de narcotráfico. El sur del país se convirtió en la retaguardia de las FARC. En esta zona, la exinsurgencia llegó a tener más de 2.000 combatientes. Pero el 1 de diciembre de 2016, cuando la guerrilla más antigua de América Latina firmó un acuerdo de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, empezó el vacío de poder en muchas regiones de Colombia. El statu quo se desmoronó. En ese momento, el ELN, las disidencias y desertores de las FARC y el narco ocuparon los espacios que había dejado la guerrilla.

El botín es suculento en la frontera que separa Colombia de Ecuador: minería ilegal, cultivos de coca, trata de personas, tráfico de órganos, de armas y contrabando de todo tipo, aprovechando la dolarización de la economía ecuatoriana que facilita el lavado de dinero y las transacciones internacionales. La costa del Pacífico que baña a los dos países es la salida natural para las rutas hacia Centroamérica y México que tienen como destino final el mercado estadounidense.

Negocios transnacionales
Solo en Tumaco, en el departamento de Nariño que linda con Ecuador, hay 23.000 hectáreas de cultivos de coca. El Ministerio de Defensa de Colombia anunció en diciembre de 2017 que las metas de erradicación forzosa se habían alcanzado: más de 50.000 hectáreas. Pero el pasado febrero, el vicepresidente Óscar Naranjo confirmó que solo se habían eliminado voluntariamente 16.000.

“Dudamos de las afirmaciones del Ejército, en entrevistas con personal militar en el terreno, muchos admiten que las cifras han sido infladas para cumplir los objetivos”, se lee en el informe La nueva generación de narcotraficantes colombianos post-FARC, de la organización Insight Crime, dedicada al estudio del crimen organizado en América Latina. “El narco va mutando y se acostumbra a producir más en menores hectáreas”, explica Mauricio Jaramillo, profesor de ciencia política Universidad del Rosario en Bogotá. “Los ataques en la oferta se han terminado por adaptar”.

En Nariño no solo se cultiva, también se procesa y se envía la cocaína. “Tiene fácil acceso a precursores químicos para el procesamiento de la droga (combustible subvencionado de Ecuador o succionado del oleoducto Transandino, que atraviesa al departamento), y puntos de despacho por mar o por tierra a través de Ecuador, donde los compradores mexicanos esperan el producto ansiosamente”, según Insight Crime.

En el departamento del Putumayo, vecino de Nariño, se producen 100 toneladas de cocaína al año, según un estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) al que ha tenido acceso EL PAÍS, que se publica este fin de semana. En esta zona, los combatientes de las FARC que no se unieron al proceso de paz mantienen los negocios ilegales de coca, marihuana y tráfico de madera para exportarlos a través de Ecuador.

Esta tesis es la misma que manejaban los servicios de Inteligencia de Ecuador desde 2014, sin que desde entonces se tomaran medidas disuasorias efectivas. Un informe de la Secretaría de Inteligencia, desmantelada por el Gobierno de Lenín Moreno y desprestigiada por haberse dedicado a la vigilancia de civiles con fines políticos, ya advertía hace cuatro años que Ecuador podría verse “involucrado en una espiral de violencia a consecuencia del narcotráfico”, como efecto colateral de la desmovilización de las FARC. Según el mismo documento, la insurgencia y bandas criminales tenían acuerdos con el Cartel de Sinaloa para despachar cocaína a México a través de puertos colombianos y desde el de San Lorenzo, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas.

Se detectaron además, 40 pasos ilegales en los 720 kilómetros de cordón fronterizo. Los grupos ilegales tienen a su favor que toda esa zona es territorio selvático de difícil acceso, con muchas vías fluviales.

Distanciamiento en la lucha contra el terrorismo
"Vivíamos una paz en la que se permitía que la droga transitara por nuestro territorio", ha dicho Lenín Moreno, muy crítico con la gestión de su predecesor Rafael Correa. El actual mandatario ecuatoriano considera que el exdirigente fue “permisivo” con los grupos irregulares que operaban en la frontera a quienes se les dejaba transitar sin preocupación.

En 2013, el expresidente Correa renunció unilateralmente a los beneficios arancelarios que concedía Estados Unidos a Ecuador por la lucha contra el narcotráfico, alegando defensa de la soberanía nacional. Años antes, en 2008, ese distanciamiento ya se había materializado tras el bombardeo de Colombia en Angostura, región selvática ecuatoriana donde se escondía uno de los máximos dirigentes de las FARC.

Los responsables de Defensa e Interior ecuatorianos han repetido casi en cada intervención oficial que la nueva ola de violencia en la frontera responde a los operativos de las Fuerzas Armadas y la Policía sobre las bandas armadas.

En la zona fronteriza opera el frente Óliver Sinisterra, que comanda Wilson Aristala, alias Guacho, disidente de las FARC de nacionalidad ecuatoriana. La falta de oportunidades laborales y las condiciones de pobreza de esa región han contribuido a la permeabilidad y expansión de su negocio en la población. Este grupo ha sido señalado por los dos países como el responsable del secuestro de los dos periodistas ecuatorianos y su chófer. 

“Cuando las FARC secuestraban políticos, periodistas, empresarios… había una unidad de mando, alguien con quien negociar”, dice el profesor Jaramillo. “Estas nuevas organizaciones están lideradas por mandos medios. Es más difícil para el Estado establecer contacto. Además, la legitimidad que podían tener las FARC por su historia, no la tienen estos grupos, es más difícil justificar el diálogo y sentaría un mal precedente tanto en Ecuador como en Colombia”.

ElPais

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