Ribó se reunió este 21 de marzo en Ginebra (Suiza) con el adjunto del Alto Comisionado de la ONU, a quien demandó que abriese una investigación sobre la situación de los derechos humanos en España y, específicamente, en Cataluña.

Esta investigación se realizaría a través de los mecanismos previstos por la ONU y podría adoptar la forma de una misión o la creación de un relator especial.

La autoritzación, sin embargo, depende de una mayoría en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del qual forma parte España desde enero de 2018.

La Generalitat de Cataluña convocó un referéndum unilateral de autodeterminación para el 1 de octubre, una consulta que fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

Según los datos ofrecidos por el Gobierno catalán, más de dos millones de personas (el 43% del censo) participaron en la consulta, dando el 92% de ellas su apoyo a la independencia de Cataluña.

Las cargas policiales de la Guardia Civil y la Policía Nacional para clausurar los puntos de votación a lo largo de la jornada dejaron cientos de heridos en diferentes municipios catalanes.

En base a resultados, que según Madrid además de ser ilegales no son fiables, el Parlamento de Cataluña adoptó el 27 de noviembre una resolución en la que declaraba la independencia del territorio e instaba al Gobierno autonómico a poner en marcha un proceso constituyente.

El Gobierno de Mariano Rajoy activó entonces el artículo 155 de la Constitución Española tras la ratificación necesaria del Senado (cámara alta del Parlamento), que permite al Ejecutivo central intervenir una administración autonómica para hacer cumplir la ley.

Además de las pesquisas que dirigen distintos juzgados de Cataluña, el Tribunal Supremo de España se encuentra instruyendo una causa contra alrededor de treinta cargos catalanes por la comisión de presuntos delitos durante el proceso independentista.

Cuatro dirigentes independentistas —el exvicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, el exconsejero de Interior, Joaquim Forn, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart— se encuentran además en prisión preventiva y son considerados por el soberanismo como "presos políticos".

Sputnik

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