Ellos trabajaban de peones. Y ellas, de limpiadoras. 137 empleadas del Hospital Gregorio Marañón de Madrid denunciaron que sus compañeros, con funciones similares, cobraban más por estar en otra categoría. El Tribunal Constitucional les dio la razón y su caso sentó jurisprudencia: "La categoría profesional es un elemento secundario cuando se constata la esencial identidad en la prestación laboral". Era principios de los años 90 del pasado siglo y, a igual nivel de estudios y de trabajo realizado, las españolas cobraban de media un 20% menos que los hombres. Casi 30 años y una Ley de Igualdad más tarde, la brecha salarial y el goteo de sentencias persisten. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló en noviembre el reparto de pluses de productividad diferentes en un hotel de Tenerife a las camareras de piso (mujeres) y los camareros de sala (hombres) que recibían 139 euros frente a 640 euros de complemento, respectivamente.

España lleva más de tres años ignorando las recomendaciones que lanzó Europa en 2014 para alcanzar la igualdad salarial. Hasta ahora. Tres de los grandes partidos —PSOE, Podemos y Ciudadanos, que suman mayoría absoluta— quieren prohibir la brecha por ley y aplicar sanciones, como ya ha aprobado Islandia. Todos preparan propuestas de ley. El PP, que no prevé un texto específico propio, defiende la transparencia y las auditorías y está “abierto a estudiar la posibilidad de las sanciones”.

La realidad laboral española no es una excepción y ni siquiera es la que sale peor en la foto. Las diferencias en sueldos y reconocimiento a las trabajadoras persisten en todo el mundo y, al ritmo actual, las brechas (en plural) tardarán más de 100 años en cerrarse. La provocada porque ellas acaban en trabajos peor remunerados y asumen con más frecuencia un recorte de jornada para conciliar. Pero también la que, como en el caso de los peones y las limpiadoras, supone que una mujer y un hombre cobran distinto por trabajos y formación equiparables.

Hay países que han abierto camino. En Alemania -donde el ingreso bruto por hora trabajada es un 22% menos para las mujeres frente al 14,9% de España- una nueva ley obliga desde enero a las grandes empresas a informar a sus empleadas de cuánto ganan sus compañeros hombres con un trabajo similar. En Reino Unido, las firmas a partir de de 250 empleados deben publicar por primera vez su brecha salarial antes de abril. Islandia ha ido más lejos, con auditorias obligatorias en empresas de más de 25 trabajadores. Si un hombre y una mujer reciben una retribución diferente para el mismo trabajo, la empresa donde ocurra se enfrentará a sanciones económicas aún por definir.

Y esa es la senda que siguen los partidos españoles. Unidos Podemos-En Marea es el que lleva más trabajo hecho con un texto ya registrado: la Proposición de Ley por la Igualdad Retributiva entre Hombres y Mujeres, de 35 páginas. La iniciativa, pendiente de fecha para su debate en el pleno, modificaría hasta 10 normativas, desde el Estatuto de los Trabajadores a la Ley Reguladora de Jurisdicción Social. Las empresas estarían obligadas a hacer auditorías y, si las mujeres perciben desde un 20% menos, se considerará discriminatorio, lo que obligaría a igualar los salarios al alza y podría acarrear incluso indemnizaciones por daños y perjuicios.

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