"Hace dos años, es decir, el 27 de septiembre de 2020 las fuerzas armadas armenias iniciaron operaciones militares a gran escala atacando intensamente las posiciones del Ejército de Azerbaiyán y los asentamientos civiles densamente poblados como el pueblo Gapanli de Tartar, Chiragli y Orta Garavand de Aghdam, Alkhanli y Shukurbayli de Fuzuli y Jojug Marjanli de los distritos de Jabrayil con el fin de ocupar nuevos territorios con el uso de armas de gran calibre, morteros y artillería de varios calibres, lo que provocó víctimas humanas. Así, para impedir la agresión militar de Armenia y liberar los territorios ocupados de Azerbaiyán, este país hizo uso de su derecho a la autodefensa llevando a cabo operaciones de contraataque de acuerdo con las normas del derecho internacional, incluido el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas", dijo.

"Durante los 44 días de la Guerra Patriótica, las fuerzas armadas armenias dispararon intensamente contra los distritos y centros urbanos de Naftalan, Aghdam, Aghjabedi, Beylagan, Dashkasan, Fuzuli, Goranboy y Tartar, densamente poblados, desde las armas prohibidas, incluso las ciudades de Ganja y Mingachevir, Barda, Gabala, Siyazan y Khizi y otros distritos, que se encontraban lejos de la zona de combate, fueron objeto de ataques operativos-tácticos y de misiles balísticos de largo alcance. El siguiente objetivo de Armenia era Bakú, la capital de Azerbaiyán, pero no lo consiguió", declaró Aliyeva.

"Tenemos que señalar que los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas armadas armenias con el uso de cohetes balísticos prohibidos "Scud", "Smerch" e "Isgender-M", así como de fósforo blanco y municiones de racimo, causaron sin dudarlo la muerte de casi 100 civiles, de los cuales 12 eran niños, y más de 450 civiles resultaron gravemente heridos. Además, más de 12.000 objetos civiles, incluyendo más de 3.410 casas, 120 edificios de apartamentos de varios pisos, y numerosas escuelas, hospitales y jardines de infancia en Azerbaiyán fueron destruidos o quedaron en mal estado como resultado de los ataques de artillería", informó."Durante el período pasado, Armenia cometió intencionadamente un ecocidio contra Azerbaiyán utilizando armas químicas prohibidas, provocando intencionadamente incendios masivos, sometiendo al medio ambiente, incluidas las fuentes de agua potable, a una contaminación física y química y dañando gravemente la naturaleza, la flora y la fauna", dijo Aliyeva.

"Cabe señalar que hoy en día es necesario resolver los enfrentamientos entre Estados como uno de los problemas globales y construir la paz para la eliminación de los graves obstáculos al desarrollo de la humanidad en términos de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Por lo tanto, garantizar una paz justa y sostenible, que sirva directamente a la protección de los derechos humanos fundamentales mediante la promoción de una sociedad pacífica e inclusiva en aras del desarrollo sostenible, y poner fin a la discriminación racial, étnica y religiosa entre los pueblos, a los conflictos irracionales y al doble rasero, es de suma importancia", subrayó.

"En este sentido, tras la firma de la declaración tripartita del 10 de noviembre de 2020 en la que se declaraba el cese de las hostilidades entre Armenia y Azerbaiyán, se crearon nuevas oportunidades para el restablecimiento de la paz, que sirven para la normalización y el desarrollo de las relaciones interestatales en el Cáucaso Meridional en consonancia con las nuevas realidades, la superación del conflicto de larga duración y el restablecimiento de las comunicaciones económicas y de transporte en la región", añadió la Defensora del Pueblo.

"A pesar de todo esto, Armenia, que regularmente crea impedimentos para la paz llevando a cabo una política de odio racial, étnico y religioso durante largos años, junto con la afirmación de reclamaciones territoriales ilegales a Azerbaiyán, ha seguido cometiendo provocaciones militares dirigidas a la grave violación de los derechos humanos. Esto se confirma una vez más por los hechos de los múltiples ataques a las posiciones de Azerbaiyán por parte de las fuerzas armadas armenias durante el período de posguerra, y una provocación militar a gran escala, que comenzó a cometerse durante la noche del 12 de septiembre de 2022 en las direcciones de Dashkasan, Kalbajar, y Lachin de la frontera estatal de Azerbaiyán-Armenia, causando la violación de los derechos de los militares y civiles a la vida, a vivir en seguridad y al derecho a la salud. Además, es una indicación de que, a saber, Armenia no soporta la paz, ya que viola repetidamente el régimen de alto el fuego, y coloca minas múltiples producidas por Armenia en varias direcciones utilizando el terreno montañoso y las brechas de los valles del territorio de Azerbaiyán en la oscuridad, especialmente en los lugares donde se están llevando a cabo obras de restauración y construcción a gran escala, así como en las rutas de suministro, y los ataques realizados en las misiones diplomáticas de Azerbaiyán en el extranjero por las personas de origen armenio", subrayó Aliyeva.

"Por cierto, la colocación de minas y otros artefactos explosivos en nuestros territorios por parte de Armenia durante el período de ocupación y el hecho de que no nos proporcionen mapas precisos de los campos de minas siguen siendo un problema. En general, durante los años 1991-2022, 3190 ciudadanos de Azerbaiyán, incluidos 355 niños, y 38 mujeres fueron víctimas de explosiones de minas. De noviembre de 2020 a septiembre de 2022, 242 personas fueron alcanzadas por las minas, de las cuales 40 murieron y otras 202 sufrieron lesiones corporales graves", informó.

"Las provocaciones militares cometidas a propósito por Armenia, en violación de las normas del derecho internacional humanitario (DIH), incluidos los Convenios de Ginebra de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra y sus Protocolos Adicionales, pretendían dañar gravemente la paz y la seguridad sostenibles en la región, junto con la prevención de los amplios trabajos de reconstrucción llevados a cabo en las zonas liberadas y el retorno de los ex desplazados forzosos internos a sus propias tierras", dijo Aliyeva.

Sobre la base de lo dicho anteriormente, pensamos que la paz justa y sostenible desempeña un papel importante en el cumplimiento efectivo de las obligaciones derivadas de las normas y principios universalmente reconocidos del derecho internacional, incluido el DIH, así como los ODS de la ONU. Sin embargo, teniendo en cuenta que Armenia todavía no ha renunciado a sus políticas de odio y agresión por motivos étnicos y religiosos contra Azerbaiyán, y que constantemente obstaculiza el proceso de paz y causa una amenaza y un peligro para la consecución de una paz sostenible en la región del Cáucaso Meridional, es necesario adoptar inmediatamente las siguientes medidas:

- Las organizaciones internacionales, los Estados, los defensores del pueblo extranjeros y otras instituciones nacionales de derechos humanos deben aunar esfuerzos para garantizar el cumplimiento de las normas y los principios del derecho internacional, incluido el DIH por parte de Armenia, que viola gravemente los derechos de los azerbaiyanos debido a su pertenencia racial, étnica, religiosa y cultural, y para garantizar el restablecimiento de una paz sostenible;

- Armenia debe respetar la integridad territorial de Azerbaiyán, universalmente reconocida, y poner fin por completo a sus acciones provocadoras dirigidas a violar gravemente los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a vivir en seguridad y el derecho a la salud, amenazando la vida y la salud de la población civil;

- Los procesos de delimitación y demarcación entre Azerbaiyán y Armenia con el fin de aclarar la línea fronteriza entre los estados deben llevarse a cabo de forma objetiva y debe garantizarse un acuerdo de paz, que es significativo en términos de desarrollo político y económico de la región;

- Armenia debe proporcionar a Azerbaiyán información objetiva sobre el destino de las personas desaparecidas durante la Primera y la Segunda Guerra de Karabaj y compartir mapas precisos de los campos de minas de los territorios liberados;

- Las fuerzas armadas ilegales pertenecientes a Armenia deben ser retiradas inmediatamente del territorio de Azerbaiyán, y todos los puntos de la Declaración Tripartita del 10 de noviembre de 2020 deben cumplirse creando una oportunidad para la apertura de las comunicaciones de transporte que es importante para el desarrollo de la región, así como para la construcción de nuevas líneas de comunicación de transporte que conectarán la República Autónoma de Najchiván con los distritos occidentales de Azerbaiyán, y para el retorno y la vida pacífica de los desplazados internos y los refugiados en sus tierras ancestrales;

- Deben condenarse enérgicamente las acciones desagradables que provocan la formación de intolerancia hacia los azerbaiyanos en Armenia y más allá de sus fronteras y que obstaculizan una paz sostenible entre las partes, así como el uso de discursos de odio y rencor en los medios sociales que promueven la enemistad. Deben tomarse las medidas legales necesarias en relación con los ataques perpetrados contra las misiones diplomáticas de Azerbaiyán, en consonancia con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de la ONU, de 1961, y la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, incluidos los Agentes Diplomáticos, de 1973;

"Esperamos que, con el apoyo conjunto de organizaciones internacionales de renombre y de Estados pacíficos, Armenia cumpla de forma coherente con sus obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos, incluidas las normas del DIH, así como con todos los puntos de las declaraciones conjuntas concluidas el 10 de noviembre de 2020 y el 11 de enero de 2021 por el presidente de la República de Azerbaiyán, el primer ministro de la República de Armenia y el presidente de la Federación de Rusia y, en consecuencia, se logre la estabilidad, la seguridad y el desarrollo económico en la región del Cáucaso Meridional", declaró Aliyeva.

La declaración está dirigida al secretario general de la ONU, al Consejo de Seguridad de la ONU, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a la Unión Europea, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a las Instituciones Internacionales y Europeas de Ombudsman y a la Asociación Asiática de Ombudsman,

Además, se envió a la Organización de Cooperación Islámica y a la Asociación de Defensores del Pueblo de sus Estados miembros, a la Comisión Permanente Independiente de Derechos Humanos de la Organización de Cooperación Islámica, a la Red Europea de Defensores del Pueblo para la Infancia, a la Oficina Internacional de la Paz, a los defensores del pueblo extranjeros y a las instituciones nacionales de derechos humanos, a las embajadas de la República de Azerbaiyán y a las embajadas extranjeras en Azerbaiyán, así como a las diásporas azerbaiyanas.

Etiquetas: