La resolución condenó la explotación ilegal de los recursos naturales en las tierras liberadas, la destrucción de los ecosistemas y la infraestructura urbana, especialmente el patrimonio cultural e histórico, así como la destrucción de los monumentos culturales e históricos islámicos en Armenia.
La resolución también decidió sobre la posibilidad de involucrar al sector privado de los estados miembros en la implementación de proyectos de desarrollo de infraestructura en los territorios liberados de Azerbaiyán.
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