"No hay garantías de que las áreas fuera de la zona de batalla principal ya sean seguras para residir porque ha habido informes de víctimas por balas perdidas", dijo el portavoz de la Presidencia, Ernesto Abella, citado por el canal ABS-CBN.

Abella añadió que los militares no han terminado de limpiar la ciudad de trampas cazabobos y artefactos explosivos instalados por los terroristas.

"El peligro y los riesgos que implican siguen siendo altos. Para la seguridad de todos es mejor esperar a que cesen las hostilidades y concluyan las operaciones de limpieza", dijo el portavoz.

La capital de la provincia filipina de Lanao del Sur, Marawi, fue atacada el 23 de mayo por los rebeldes del grupo Maute, una formación yihadista que debe su nombre a los hermanos Omarkhayam y Abdullah Maute y busca establecer en el sur de Filipinas una provincia del llamado Estado Islámico, o Daesh (organización terrorista proscrita en numerosos países, entre ellos Rusia).
Prácticamente todos los habitantes de Marawi, con una población estimada en más de 200.000 personas, fueron realojados a otras áreas o huyeron de los enfrentamientos que estallaron después de que las tropas intentaran arrestar a Isnilon Hapilon, dirigiente del grupo yihadista Abu Sayyarf y "emir" de Daesh en Filipinas.

El presidente Rodrigo Duterte decretó ley marcial en la isla de Mindanao a raíz del ataque. La medida, convalidada en julio por la Corte Suprema de Filipinas, suspende en particular el procedimiento del hábeas corpus, lo que permite a la policía realizar arrestos de sospechosos de terrorismo sin orden judicial.
Según los datos correspondientes al 16 de julio, en los enfrentamientos de Marawi murieron 405 terroristas, 95 militares y 45 civiles.

Unos 1.720 civiles, que los yihadistas habían capturado como rehenes, fueron liberados.

Sputnik

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