En el informe, solicitado por la primera ministra Theresa May, se habla de la estrategia asumida por Gran Bretaña de expulsar a terroristas potenciales, llamada "Deportación con garantías".
Según esta doctrina, Gran Bretaña puede deportar a los sospechosas solo en el caso de que tenga garantías de que no serán torturados o maltratados en sus países de origen.
Se informa que los tribunales británicos "evitaban con éxito la expulsión de extranjeros sospechosos de terrorismo a sus países de origen", en base a una doctrina edificada en las leyes sobre la defensa de los derechos humanos.
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