La querella se dirige también al Secretario General del departamento de Gobernación, Francesc Esteve Balagué, que junto a Borrás afrontará la incoación de diligencias previas para la investigación de los citados delitos como máximos representantes de la entidad adjudicataria del contrato para la adquisición urnas.
Según recuerda el auto emitido por el tribunal, el Ejecutivo catalán dictó "un Acuerdo Marco para el suministro de urnas en las elecciones al Parlament de Catalunya, consultas populares y otras formas de participación ciudadana".
"Se trata de un Acuerdo para suministros de urnas electorales transparentes y urnas de cartón, con un plazo de vigencia de 48 meses, con un valor estimado el contrato de 200.000 euros, que también es el presupuesto base de licitación", prosigue el escrito.
El tribunal destaca que ninguna de las leyes en las que se amparó ese acuerdo para el suministro de las urnas puede servir de apoyo a las "pretensiones referendarias" del Gobierno catalán.
Sin embargo, el tribunal ve indicios suficientes para pensar que las urnas serán utilizadas para celebrar un referéndum de autodeterminación en contra de las diferentes disposiciones del Tribunal Constitucional.
En concreto, el TSJC cita en su auto al anuncio del presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, que hace dos semanas expresó "su firme voluntad" de llevar a cabo un referéndum de autodeterminación el 1 de octubre de este año con la pregunta "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?"
Sputnik
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