"Las amenazas de muerte del 'comando Barneix' en febrero y las que recibieron el año pasado antropólogos forenses que buscaban restos de desaparecidos (…) causan una limitación sobre la actuación del Observatorio; por ejemplo a una de nuestras colaboradoras, la doctora Francesca Lessa, la Universidad de Oxford para la que trabaja no la autoriza a quedarse en Uruguay por la amenaza", dijo a Sputnik desde Buenos Aires el coordinador del Observatorio, Raúl Olivera.

El ministro de Defensa de Uruguay, Jorge Menéndez, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, al igual que varios jerarcas de Gobierno, jueces, fiscales y representantes de organizaciones de derechos humanos recibieron una amenaza por correo electrónico de un supuesto "comando Barneix", informó en febrero el semanario Búsqueda.

El general retirado Pedro Barneix fue director de Inteligencia Militar durante la Presidencia de Jorge Batlle (2000-2005), y en el primer Gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) integró una comisión para investigar desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura (1973-1985).
Barneix se suicidó en septiembre de 2015 cuando se enteró de que había sido procesado por la justicia penal por la muerte en torturas del militante comunista Aldo Perrini en 1974.

Lessa, doctora en ciencia política y de nacionalidad italiana, dijo a Sputnik que estuvo entre las personas amenazadas por ese comando y que por eso recibió la recomendación de no volver a Uruguay, primero de la embajada de Italia en Uruguay y luego de la Universidad de Oxford.

La Universidad tomó como propia la recomendación de la embajada "después de consultar a la representación diplomática y a asesores de seguridad que ellos tienen", explicó Lessa, consultora académica del Observatorio en un proyecto patrocinado por la Universidad de Oxford y la Comisión Europea sobre la Operación Cóndor, el plan de coordinación represiva de las dictaduras sudamericanas en los años 70 y 80.
Olivera observó que "toda amenaza produce efectos en los amenazados y en los operadores del sistema judicial; cuando ha estado por pasar algo en algún expediente siempre aparece alguna amenaza, discursos amenazantes de los centros militares, todo eso dificulta la independencia de los operadores de justicia porque además la amenaza incluye al fiscal de Corte".

Además, "el Estado uruguayo no ha avanzado en esclarecer responsabilidades" en ninguno de los dos casos de amenazas, indicó.

La audiencia en la que el Observatorio expondrá el caso ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), en la que participará también el Estado uruguayo, será este jueves entre las 11:30 y 12:30 (14:30 y 15:30 GMT) en el Hotel Sheraton de Buenos Aires.

Sentencia del caso Gelman

El Observatorio también planteará a la CIDH los obstáculos para que se cumpla a cabalidad la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado uruguayo por el caso de la desaparición de la ciudadana argentina María Claudia García y de la sustracción y supresión de identidad de su hija Macarena Gelman, nacida durante el cautiverio de su madre en Uruguay en 1976.

"El pasado 1 de marzo el Observatorio solicitó esa audiencia a los efectos de informar a la CIDH de las dificultades que atraviesa el cumplimiento de la sentencia de condena al Uruguay en el caso Gelman relativo al proceso de justicia", dice un comunicado de la entidad.

La Corte Interamericana condenó en 2011 al Estado uruguayo por la desaparición de García y la supresión de la identidad de su hija, Macarena, nieta del poeta argentino Juan Gelman.
La sentencia establece que "debe existir un proceso de justicia rápido y eficaz" y eso no está ocurriendo, dijo Olivera.

El Observatorio está integrado por 18 organizaciones, entre otras el Servicio de Paz y Justicia, Hijos (de hijos de desaparecidos), la Fundación Mario Benedetti y la Asociación ¿Dónde están? de Francia.

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