El Ayuntamiento de Madrid, presidido por una plataforma municipalista en la que participan miembros de Podemos e Izquierda Unida, remitió el año pasado al Ministerio Público un informe en el que denunciaba malversación de caudales públicos en la adjudicación de unos terrenos de Mercamadrid.
En el año 2001, el Gobierno municipal de Madrid, integrado en ese momento por el conservador Partido Popular, cedió unos terrenos de Mercamadrid a la empresa Merca Ocio Hoteles 22 S.L.
Las cláusulas del contrato establecían que si el Consistorio rescindía la adjudicación del suelo público, el municipio debería realizar un pago de once millones de euros a la empresa.
Tras un conflicto por la empresa por no permitir la construcción de un hotel en los terrenos públicos cedidos, el Gobierno del Partido Popular decidió en 2013 (con Dancausa como primera teniente de Alcalde) pagar 41.500 euros mensuales a la corporación hasta 2032.
Según el informe del nuevo Gobierno municipal, el Ayuntamiento pudo haber evitado el pago de estas sanciones si hubiese continuado las acciones judiciales para resolver el conflicto en lugar.
Además, dicho informe establece que, en lugar de pagar 41.500 euros mensuales, las arcas municipales deberían estar recibiendo 128.000 euros por la cesión de terrenos.
Por todo ello, la Fiscalía investiga si la actuación del Gobierno del Partido Popular a pesar de saber que se estaba produciendo un importante perjuicio patrimonial a las arcas municipales.
La denuncia de la Fiscalía se dirige contra un total de 16 personas, entre las que destacan Dancausa o Pablo González, hermano de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015 que se encuentra detenido desde el pasado miércoles por su presunta participación en una trama corrupta.
En las actuaciones contra esa trama, bautizada por las autoridades como la Operación Lezo, también está siendo investigado Pablo González.
Sputnik
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