La víspera la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) denunció sesgo a favor del sí en los medios antes del referéndum turco, a su vez la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) constató que el referéndum no cumplió con los estándares del Consejo de Europa.

"Llamamos a las autoridades de Turquía a investigar de manera transparente todas las supuestas violaciones detectadas por los observadores", dijo Schinas.

Señaló que la Comisión Europea tomó nota de las evaluaciones hechas por los observadores internacionales de la OSCE y de la PACE y llamó a Ankara a actuar con cautela para propiciar el mayor consenso nacional tras el referéndum.
Más del 51% de los turcos, según el escrutinio preliminar, avaló el pasado 16 de abril la reforma constitucional que convertirá a Turquía en una república presidencialista.

La oposición denunció violaciones en el referéndum y criticó la decisión de la Comisión Electoral de dar por válidos los votos no sellados.

Las enmiendas a un total de 18 artículos de la Carta Magna turca otorgan amplios poderes ejecutivos al presidente de la nación, que podrá declarar el estado de excepción, designar vicepresidentes, ministros y otros altos cargos, así como promulgar decretos con fuerza de ley que entrarán en vigor de forma automática aunque los legisladores tendrán la posibilidad de cancelarlos.

A diferencia de la Constitución en vigor, la versión enmendada no obliga al jefe de Estado a suspender su filiación política.

La mayor fuerza de oposición turca, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), dijo que recurrirá los resultados del referéndum ante la Corte Constitucional de Turquía y, si es necesario, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

El vicepresidente del CHP, Erdal Aksunger, estimó que unos 2,5 millones de votos pueden haber sido objeto de manipulaciones y deben declararse nulos.

Sputnik

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