Esta decisión la toma el máximo tribunal venezolano en base a la sentencia de desacato que pesa contra el Parlamento desde agosto de 2016, cuando fueron incorporados tres diputados de la región sur del país, pese a estar suspendidos por averiguaciones de presunto fraude electoral.
La Constitución venezolana establece que los ministros deberían presentar ante el Parlamento, dentro de los primeros 60 días de cada año, un balance de su gestión.
Sin embargo, el texto refiere que "ante la situación de ilicitud e ilegitimidad en la que se encuentra de facto el poder legislativo nacional, tal actuación de presentación de memoria razonada no debe tener lugar ante el mismo".
En ese sentido, el TSJ reiteró la sentencia de desacato de la Asamblea por desobedecer sus instrucciones, y recordó que todos sus actos resultan nulos e írritos.Reuters
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